El Ordenamiento de cuencas y microcuencas utopía en la región

 

Áreas intervenidas deforestadas en microcuenca El Tablazo: Fotos: @chgomezc – Google earth

La facultad de priorizar y ordenar las cuencas hidrográficas es un mandato que tienen las Corporaciones ambientales en Colombia. En Antioquia y especialmente en el Oriente Antioqueño esta es una de las misiones que la Corporación Autónoma Regional CORNARE tiene para establecer directrices con la formulación de planes de ordenamiento y manejo de las cuencas que surten los acueductos urbanos y rurales de los 26 municipios de su jurisdicción.

Los POMCA’s se incluyen en El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR y para CORNARE este es un “instrumento de planificación estratégica de largo plazo  (…) permite orientar la gestión ambiental Regional en el período 2014 – 2032 y responder a los retos, prioridades y problemáticas ambientales (…) determinante ambiental por excelencia, para los procesos de planificación y ordenamiento local y regional presentes y futuros”, documento este que sería de gran valor e impacto, si se considerara fuera aplicado tal y como lo expresa en la teoría.

Actualmente se pretende la formulación de nuevos Planes de Ordenación de microcuencas POMCA, para ello Cornare acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Ambiente, el Fondo de Adaptación y ASOCARS, para la implementación del proceso en otras 8 grandes cuencas en su jurisdicción.

En la vereda El Tablazo un POMCA que no se aplica

“Hace 4 años por iniciativa de las organizaciones sociales y comunitarias de esta zona rural del municipio de Rionegro se logró la intervención de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, la cual ordenó la formulación y adopción del Plan de Ordenación del microcuenca El Tablazo en Rionegro”, dice Carlos Humberto Gómez quien para la fecha era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y miembro de la Junta Directiva del Acueducto ACUATABLAZO.

Para este líder social lo que sucede en la zona de influencia de la microcuenca y el sector occidental rural de Rionegro es la clara muestra de la indolencia y la falta de seguimiento y aplicación de medidas por parte de las autoridades en temas como conservación y protección de áreas, destinadas a la producción del recurso hídrico que abastecen el Acueducto veredal y mantiene las condiciones de habitabilidad y consumo necesarios en esta zona.

No solo se necesitó la intervención de la comunidad y de la Procuraduría para que se atendiera a las numerosas quejas y reclamos por la falta de acción de la autoridad ambiental, sino que será necesario dar nuevo aviso a los entes de control para que verifique que el ordenamiento de la microcuenca no sirvió sino para formular un documento que se convirtió en el más claro ejemplo de lo que no es un POMCA”

Y es que según relata “la adopción del POMCA de la microcuenca El Tablazo se hizo por Acuerdo 236 del Consejo Directivo de CORNARE en Julio de 2010. Este obligaba a incorporarlo dentro del nuevo POT que a la fecha se estaba discutiendo en el Concejo Municipal de Rionegro y como tal se convertía en norma para los asuntos de Planeación y Medio Ambiente en esta jurisdicción. Dijo además el acuerdo, que debían destinarse los recursos humanos, técnicos y financieros para hacerlo sostenible y aplicable, cosa que no se ha hecho”.

El recurso hídrico el gran afectado

Desde 2010 se han debido implementar según el POMCA, 6 proyectos que se consideró en la formulación solicitada por la Procuraduría ambiental y a la fecha ni el seguimiento de corto plazo que estaba previsto para 2013 se ha realizado.

Naturalmente y a pesar del Acuerdo 236 las afectaciones a la zona productora de agua con deforestación, el uso de plaguicidas, sembrados, entre otros se han mantenido sin observarse voluntad por hacer cumplir la norma y evitar el daño al recurso natural que cada vez se hace más escaso con el conocimiento y complacencia de la autoridad.

El problema de fondo

Además de no estarse cumpliendo con el plan de Ordenación de la microcuenca, lo que realmente existe en esta zona rural es la presión que ejercen los proyectos urbanísticos que le dan mayor valor al suelo. Particularmente las tierras de la zona de influencia del Aeropuerto, Llanogrande y Las Palmas se volvieron las de más alta demanda por el valor que le representa a los propietarios en los que las parcelas son un gran negocio y el bosque nativo un estorbo.

No hay autoridad que se le haya medido a esta consecuencia del desarrollo, solo ha quedado en evidencia la falta de aplicación de medidas efectivas que conduzcan a la protección como lo ordena el POMCA y el POT, pero ante todo la Constitución Política en temas de derechos colectivos al medio ambiente y al disfrute de mejor calidad de vida la cual se deteriora por la inactividad oficial.

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