Familia Durango demanda desde 2003 al Estado colombiano por $500 mil millones

La mayor demanda en contra del Estado colombiano corre por cuenta de los herederos de Mirocletes Durango y fue presentada el 17 de junio de 2003 en contra del ahora desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. En la demanda, Enrique Durango Valero, Enrique Durango Sanín, Luz Helena Durango Sanín Viuda de Páez y Gloria Durango Sanín de Múnera reclaman una indemnización de casi 600 billones de pesos colombianos en concepto de “indemnización de daños y perjuicios materiales” vinculados a un reclamo que inició en 1967.”Basados en títulos de los que dicen ser dueños legítimos, y que se remontan centurias, ellos dicen ser dueños de la mitad del departamento de Antioquia”,dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

La familia Durango reclama un extenso territorio que, según ellos, le perteneció a su abuelo Mirócletes Durango, en los años treinta, donde hay once municipios en los que habitan 150 mil habitantes: Granada, San Carlos, Sonsón, San Rafael, El Peñol, Carmen de Viboral, San Francisco, Guatapé, Cocorná, Puerto Nare y Puerto Berrío. Alegan en la demanda interpuesta por: Enrique, Luz Elena, Gloria Durango Sanín y Enrique Durango Valero, en el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2003, que el Estado permitió la ocupación de sus tierras por campesinos atraídos por la fertilidad del suelo y después a mineros para extraer carbón, sin títulos de propiedad alguno. Reclaman una indemnización que asciende a los 600 billones de pesos, una cifra superior al PIB colombiano.

La vasta tierra, cercada por la imaginación de sus propietarios, no pudo ser administrada por los herederos. En 1947 comenzó el proceso de sucesión de los predios de Mirócletes Durango a sus hijos, pero el proceso nunca concluyó. Ante la falta de pruebas que legitimarán la propiedad sobre el terreno, el Estado intervino en 1967. En el 2003, la familia interpuso, al desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora, la primera demanda que no prosperó porque, además, reclamaban el subsuelo de la nación. En el 2009, los Durango apelaron ante el Consejo de Estado.

Según el diario El Tiempo de Bogotá, el Consejo de Estado dará el fallo final sobre el caso en los próximos días. De salir a favor de la familia demandante, se calcula que “cada colombiano (42 millones) tendría que pagar más de 4.800 dólares para respaldar la deuda”, aseguró DPA.Una demanda interpuesta por una familia colombiana en el año 2003 contra el Estado supera el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, que en 2011 fue de 470.000 millones de dólares, y, de salir a favor de los solicitantes, dejaría en quiebra al país, apuntó hoy un medio local.

La semana pasada una noticia de enorme importancia pasó desapercibida: la designación de Fernando Carrillo como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pocos se acordaban de este bogotano que fue ministro de Justicia durante el gobierno de César Gaviria, y mucho menos habían oído hablar de esa entidad creada recientemente por la reforma a la Justicia. Sin embargo, la misión que le corresponderá asumir es de una importancia incalculable, pues será el portero indicado para atajar los goles multimillonarios que decenas de contratistas y litigantes quieren meterle a la nación. Si se tiene en cuenta que los pleitos que hay contra el Estado ascienden a 1.028 billones de pesos, Carrillo tiene en sus manos la suerte, no de la Selección Colombia, pero sí de la estabilidad de la economía colombiana. Del éxito de su gestión dependerá la buena salud de las finanzas públicas no solo para esta generación sino para las venideras, que tendrían que pagar las deudas que hereden si se pierden esos pleitos.

Las cifras son aterradoras. En juego hay 1.028.000.000.000.000 de pesos. Esto equivaldría a unos 500.000 millones de dólares. Esta cifra se corresponde a más de dos veces el Producto Interno Bruto de Colombia, que es de 500 billones de pesos al año. En términos de reformas tributarias, significaría 100 veces la proyectada para este año. Esa plata alcanzaría para construir más de 33 millones de casas de interés social, 500.000 jardines infantiles o para financiar la educación básica y universitaria de 55 millones de estudiantes. En otras palabras, si las 260.000 demandas que hoy cursan contra la nación prosperan, cada colombiano tendría que pagar, hipotéticamente, 22 millones de pesos.

El proceso, que forma parte de los casi 200.000 que cursan contra el Estado, se inició en 2003, cuando una familia del departamento de Antioquia demandó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por una supuesta expropiación indebida en 1967.

Los demandantes argumentan que tienen derecho sobre 1.926 kilómetros cuadrados de un terreno en donde hoy existen nueve municipios de Antioquia y piden 594 billones de pesos (casi 32 billones de dólares) de indemnización.

El diario indica en su informe que la familia Durango tiene “historial” de demandas contra el Estado desde los años 30, cuando el señor “Mirocletes Durango alegó fallidamente derechos sobre más de 160 minas de esmeraldas”.

“Pero quizá la más particular de todas las pretensiones es una que sostiene que en 1930 el señor Mirocletes ofreció ayudar al gobierno japonés a comprar la quinta parte de Colombia”, precisó El Tiempo.

De acuerdo con lo registrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el país pierde entre 70% y 80% del total de las demandas que enfrenta cada año, por lo que para muchos las pretensiones de los Durango “no son del todo descabelladas”.

Para el ministro Esguerra, la situación es el resultado de una suma de factores, uno de los cuales es la lentitud en la administración de justicia.
Según el ministro, en Colombia los juicios contencioso-administrativos pueden llegar a durar hasta entre ocho y doce años, si se agotan todas las instancias, lo que ha dado lugar a la acumulación de numerosos procesos.

En concreto, la familia Durango reclama derechos sobre 1.926 Km2 de tierras ubicadas en el oriente del departamento, las que comprenden nueve municipios poblados por más de 150.000 personas en incluyen yacimientos de carbón.

En marzo de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en primera instancia en contra de los demandantes por considerar que no habían probado la posesión legal ni material de los terrenos en disputa. Actualmente el Consejo de Estado revisa su recurso de apelación.

Desde el año 2000 a la fecha, sin embargo, el Estado colombiano ha realizado pagos por más de US$1.891 millones para la cancelación de sentencias y conciliaciones por procesos judiciales contra su nivel central.

Lo que sugiere que lo que Esguerra llama “una forma equivocada de entender la idea del Estado del bienestar” tal vez sea un factor más importante en la ecuación.
“Culturalmente se ha venido desarrollando entre nosotros la idea de que el Estado debe ser quien pague todo menoscabo que cualquier persona tenga en su patrimonio o toda situación negativa que de una forma u otra la afecte”, le dijo Esguerra a BBC Mundo.

“Es casi que ‘salí a la calle, me mojé, entonces voy a demandar al Estado porque eso es inaceptable’”, ironizó Esguerra, para quien el problema se ha exacerbado como resultado de reformas judiciales orientadas a darles cada vez más derechos y protección a los ciudadanos.

Y luego está el problema de la existencia de lo que el presidente Santos no ha dudado en calificar como “verdaderas mafias” dedicadas a “ordeñar al Estado”.

Se trata, sostiene Esguerra, de inescrupulosos que se han convencido de que demandar al Estado es un buen negocio, porque el estado suele defenderse mal.

La lista incluye a “quienes resuelven hacerse pasar por víctimas de casos en los que no fueron víctimas”, en un momento en el que, según el ministro, el estado colombiano “se la está jugando toda” por la causa de las legítimas víctimas de varias décadas de conflictos internos de distinta naturaleza.

“Y nos preocupa que también en esos caso resulte, como va resultando perceptible en algunas oportunidades, que hay gente que quiere sacar provecho de esa situación, quien quiere hacerse pasar por víctima sin haberlo sido, quien quiere recibir la ‘restitución’ de una propiedad a la que jamás tuvo ningún derecho”,  dijo Esguerra.

Vía empresate.org

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