Por: John Fabio Soto Castañeda
E-mail: johnefesoto@yahoo.es
Los derechos de los niños y niñas menores de 6 años son reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución Política de Colombia. La Convención sobre los Derechos del Niño asume con determinación la importancia del desarrollo de la primera infancia y advierte que todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse "en la máxima medida posible" y que "los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social".
Pero en Colombia, contar con una política educativa para la primera infancia no garantiza que se ejecuten efectivamente acciones en esa dirección si los entes territoriales no asumen de inmediato la implementación de planes para la formación de actores, agentes educativos, madres comunitarias y personal encargado de los centros de atención a la primera infancia y, adicionalmente, capacitaciones permanentes al talento humano comprometido con la educación inicial.
No basta con que esta posibilidad se disponga en documentos, como por ejemplo, el Documento Social CONPES 152 de 2012, cuyo objetivo es distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones para la atención integral de la primera infancia, si los municipios no presentan planes, ni gestionan fondos para que se adelante una adecuada educación infantil concurrentemente con la formación de los agentes educativos de la primera infancia y se construyan las bases para un desarrollo cultural, social, económico y político.
Parece que no se ha entendido que el Plan Decenal de Educación 2006- 2015 es un ejercicio de planeación y participación en donde la sociedad ya definió las grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación y determinó el Desarrollo Infantil y la Educación Inicial como uno de los grandes retos para garantizar el cumplimiento pleno del derecho de la educación en Colombia.
Tampoco parece que se ha asumido por los Secretarios de Educación Departamentales y Municipales que el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 plantea como fundamental la Atención Integral a la Primera Infancia para desarrollar la estrategia “De Cero a Siempre”. Estos funcionarios son excesivamente normativos y sacrifican acciones reales que necesitan los menores y el respectivo municipio condicionando el inicio de intervenciones urgentes al cumplimiento de requisitos sobre “vasta experiencia” a los agentes educativos de su localidad y parece que pretendieran que “todos deben nacer aprendidos en el tema” mientras aumenta el déficit de atención a la primera infancia y, para completar, no gestionan fondos que en realidad van dirigidos a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano y que, adicionalmente, debe implementarse, de inmediato, un trabajo unificado e intersectorial desde la perspectiva de derechos para articular y promover acciones en favor de la atención integral que debe asegurarse para cada niño y niña, de acuerdo con su edad, contexto y condición.
Es hora de que asumamos que la integralidad apunta a garantizar los derechos de los niños y las niñas de manera universal, entendiendo los derechos como indivisibles, irreversibles, interdependientes, exigibles, progresivos, e irrenunciables y que contienen aspectos relacionados con una gestión integral para reconocer el niño y la niña de manera sistémica y su conexa complejidad; incluyendo en ese potencial desarrollo, los escenarios de interacción como son los centros de desarrollo infantil, servicios de salud, hogar y espacios públicos recreativos; igualmente, partiendo de la perspectiva de derechos con el trabajo intersectorial y acciones concurrentes coordinadas desde la corresponsabilidad y orientadas a un territorio y contexto específicos.
Por estas razones, la formación del talento humano cobra una importancia vital y debemos reconocer que es labor de los agentes educativos recuperar y utilizar en su quehacer diario actividades cotidianas y prácticas culturales para ponerlas al servicio de los niños en los espacios educativos que construyen para ellos. Se trata de que se aplique, en la cotidianidad, unas intenciones educativas de situaciones habituales significativas y reflexionadas, cuya ejecución y resolución exige a los niños funcionar con los recursos cognitivos, afectivos y sociales que ya han construido y que están disponibles para que puedan avanzar en su desarrollo.
Esto significa que los agentes educativos se deben formar y capacitar desde la perspectiva de las competencias. Esta configuración implica que el papel de los agentes educativos se debe centrar menos en la práctica asistencial o directiva y se transforme en el rol de guía u orientador amigable del desarrollo de los niños. Igualmente, resulta necesario aceptar que los hogares comunitarios, los colegios, escuelas y jardines, no son los únicos ámbitos donde el niño aprende; ni los agentes educativos son los únicos educadores. Es preciso recuperar para los niños la familia, las instituciones sociales, los espacios deportivos, las bibliotecas, los espacios culturales y recreativos y las calles del barrio o vías de las veredas para convertirlos en espacios educativos significativos que posibiliten su aprendizaje.
Debe tenerse en cuenta que en la preparación directa del docente de educación para la Primera Infancia es necesario contar con talento humano que tenga formación universitaria y especializada en el ámbito de la educación preescolar, que asuma como objeto de conocimiento la didáctica y que cree ambientes enriquecidos en que se articulen las didácticas y las prácticas de un modo integral, que sea capaz de diseñar currículos de acuerdo a las necesidades de la Educación Inicial, que conozca el ámbito normativo sobre los derechos y responsabilidades de la Primera Infancia, y que investigue en Educación Infantil. En síntesis, la formación de docentes en Educación Infantil debe ser una tarea permanente, que responda a las exigencias de la cultura.
* El autor es Consultor Gerencial y Académico. Administrador de Empresas y Especialista en Gerencia Social.
Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Director del Postgrado de Gobierno Público de la Universidad de Medellín; Director Administrativo y Financiero, y Director Académico de Uniminuto–Antioquia; Director de Planeación, y Vicerrector Académico de la Fundación Universitaria María Cano; Decano de la Facultad de Administración de la Corporación Universitaria Remington; Asesor de Presidencia y Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de Colombia; Asesor de las Gerencias del ISS – Antioquia y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Profesor Universitario durante más de 20 años; y Consultor Gerencial de Pymes durante 25 años.
Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Alternativa Regional punto com.
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