La familia Durango, que buscaba una indemnización por "daños y perjuicios" equivalente a dos veces el PIB del país, perdió este miércoles el pleito más grande instaurado contra el Estado colombiano.
Este miércoles el Estado colombiano respiró aliviado. El juicio más grande que había en su contra fue resuelto a su favor en un fallo emitido por el Consejo de Estado.
Lo que había en juego no era poco. Se trataba de una demanda por 593 billones de pesos en concepto de "indemnización de daños y perjuicios materiales" que alegaban cuatro miembros de la familia Durango, supuestamente causados contra ellos por la demora de 34 años en la adopción de una decisión definitiva en el trámite de extinción de dominio del predio 'Tierras del oriente antioqueño', que se inició en 1967 y concluyó en el 2001.
La "mora en el trámite administrativo" fue el motivo que alegaron en el 2003 Enrique Durango Valero, Enrique Durango Sanín, Luz Helena Durango Sanín Viuda de Páez y Gloria Durango Sanín de Múnera, nietos y herederos del señor Mirócletes Durango para entablar esta multimillonaria demanda contra el Estado que, de haberles resultado favorable, hubiera sido catastrófica para el país.
"Se trataba de una suma escandalosa, porque esos casi 600 billones que se pedían en el 2003 equivalen hoy en día a 908 billones, cuatro veces el monto que cada año destina el Estado para su funcionamientos y que es tres veces el producto interno bruto de Colombia", le explicó a Semana.com Adriana Guillen, directora de la Agencia de Defensa del Estado.
Once municipios en juego
La familia Durango alegaba ser propietaria del inmueble 'Tierras del oriente antioqueño', extenso territorio que, según ellos, le perteneció a su abuelo, Mirócletes Ortega, en los años treinta, y que hoy abarca once municipios de Antioquia: Cocorná, Sonsón, San Carlos, Granada, San Francisco, Carmen de Viboral, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Puerto Nare y Puerto Berrío. Zona en la que hoy viven más de 180.000 personas y en la que hay centenares de productivas fincas.
En el 2003, la familia alegó que el Estado debía indemnizarlo y fijó sus pretensiones en 591 billones por daños y perjuicios debido a la demora de 34 años que tuvo el proceso, además de 2 billones y medio por el hecho de los yacimientos carboníferos existentes en esas tierras.
En 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en contra los Durango una primera pretensión por considerar que no probaron tener la propiedad de los predios ni demostraron la explotación económica de las tierras.
Pero no fue sino hasta este miércoles que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado puso punto final a esta larga disputa.
En la sentencia se estima que "si bien se demostró la configuración de una flagrante y desconcertante falla del servicio por parte del Incora (hoy Incoder) al haber vulnerado el derecho al debido proceso como consecuencia del desconocimiento del plazo razonable para adoptar una decisión final (…) lo cierto es que esa irregularidad no fue la que generó o desencadenó el daño antijurídico que se reclama, esto es, la pérdida material de las tierras que integraban el bien de mayor extensión heredado".
En otros términos, el hecho de que efectivamente existió una falla cometida por el Incoder no resulta suficiente para la declaratoria de responsabilidad.
Las implicaciones del fallo
El fallo del Consejo de Estado resulta fundamental para la Agencia de Defensa del Estado, pues la suma pretendida por los Durango, equivalía al 80 por ciento del monto total que hay en contra del Estado. "Es muy importante desde varios puntos de vista. Envía un mensaje de que el Estado ya está defendiéndose y de que está prestándole atención a estos asuntos que antes no entraba en sus prioridades", explica Adriana Guillen.
Desde la Agencia también aseguran que esto tendrá repercusión e impacto en los mercados internacionales porque generan mayor confianza en el país y porque demostró un "trabajo conjunto de esfuerzos, donde se sumó la actuación de la Procuraduría al igual que el del Consejo de Estado".
Sin duda el fallo a favor del Estado es un importante bálsamo para el país y para sus intereses que en el instante previo de conocerse esta decisión se encontraba contra las cuerdas con un total de pretensiones en su contra por unos 1.200 billones de pesos.
Vía semana.com
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