Por: John Fabio Soto Castañeda
E-mail: johnefesoto@yahoo.es
La seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana que garantiza derechos fundamentales y hace parte de la concepción de libertad, que es la esencia del desarrollo humano. Específicamente, concierne a la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de las personas contra un tipo específico de riesgo (delito) que perturba la vida cotidiana de los afectados (víctimas).
Toda política tendiente a mejorar los espacios de convivencia de los ciudadanos, por lo general, promueve y conlleva la construcción de una cultura de tolerancia, respeto y comunicación, todo ello considerado hacia el logro positivo de la calidad de vida en las personas, la comunidad y la sociedad.
Sin embargo, la seguridad ciudadana se ha venido entendiendo como una serie de políticas y acciones que contraponen la defensa de las instituciones frente a protección de los ciudadanos. De esta manera, el concepto de seguridad ciudadana se plantea y entiende como opuesto a la seguridad del Estado, lo que no interpreta en forma implícita que la función primaria de las instituciones estatales es precisamente garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto lleva a que se interprete que la defensa de las instituciones equivale a la protección de los derechos individuales de los ciudadanos sobre delitos que van desde homicidio, extorsión y violación hasta hurtos.
Esta interpretación de la seguridad ciudadana conlleva a que se fortalezcan los argumentos a favor del uso de herramientas de “seguridad blanda” aplicadas a programas de reeducación y cultura ciudadana y, por otro lado, a programas de convivencia sobre maltrato infantil, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, lo que debe reconocerse son de atención prioritaria al ciudadano, la comunidad y la sociedad; pero también se debe reconocer que no se ha gestionado eficazmente el control y la erradicación de la verdadera intimidación para las instituciones y el Estado como lo son las diferentes formas y actuación del crimen organizado.
Allí radican las mayores amenazas que, de manera simbólica, el ciudadano puede percibir son más contra el Estado que contra ellos mismos y, atendiendo a esta necesidad y contrastando el trabajo que se adelanta en innumerables sesiones y numerosos consejos de seguridad en todos los niveles territoriales en Colombia, se presume y se ve lejana la exploración y análisis sobre la identificación, formulación y establecimiento de políticas integradas orientadas a fortalecer la conformación de una “seguridad contundente”, apoyadas por un sólido marco jurídico, que integre no solo la acción de la fuerza policial para la seguridad ciudadana, sino que se sienten las bases para la construcción de una estructura vigorosa (propuesta) de Fuerza Pública de Inteligencia (FPI) para ejecutar con eficacia una gestión en el ámbito de la seguridad ciudadana y de la seguridad interna y externa del Estado.
En este sentido, la lógica no es que la lucha contra el delito con la utilización de herramientas de “seguridad blanda” genere un clima de respeto hacia la Ley y la protección de los derechos individuales para que de por sí se conviertan en prevención de transgresiones o de cualquier forma de criminalidad; sino al contrario: la lógica es el esfuerzo con una “seguridad contundente” destinada a combatir el crimen organizado que, en última instancia, es quien alienta y promueve potenciales conductas punibles en los jóvenes, regula sus diferentes modalidades y actuaciones, y protege su continuidad delictiva.
Esta génesis, acumula una gran amenaza en contra de los ciudadanos de bien, las comunidades, la sociedad y el Estado; la gestión y actuación, desde una Fuerza Pública de Inteligencia, permitirá, con alto grado de certidumbre, una intervención eficaz para aumentar la seguridad ciudadana, prevenir conductas punibles, combatir la criminalidad, reducir la comisión de delitos y desmantelar las estructuras criminales en Colombia.
En este direccionamiento propuesto es obvio pensar en la construcción de nuevos indicadores para medir la efectividad de la actuación no solo con metas cuantitativas, sino, además, y con mayor significación humana, estructurar las bases ideológicas para analizar resultados cualitativos sobre objetivos y metas inteligentes para permitir la fundamentación de criterios adecuados a la demanda natural en seguridad ciudadana, retroalimentar el establecimiento de políticas públicas e incorporar elementos clave sobre cultura en seguridad en el ámbito comunitario y social.
El hecho de no disponer de un sistema de medición adecuado, no admite, consecuencialmente, generar herramientas que impacten positivamente el problema. Esas fallas benefician a los actores de la delincuencia, permiten la configuración de un alto índice de impunidad y alientan procesos estratégicos básicos en las estructuras criminales en su intento por adquirir nuevos territorios, competir con otros grupos criminales y proteger sus intereses estratégicos frente al Estado.
De tal manera que lo que se necesita es una gestión eficaz que permita el desarrollo de una política de seguridad estable y de largo plazo para mejorar la capacidad de investigación criminal y judicialización, mejorar la inteligencia de las fuerzas de seguridad y la justicia y buscar el apoyo popular y la cooperación activa de la ciudadanía en la mejora de una seguridad urbana y rural que cree riesgos intolerables para el crimen organizado y merme su capacidad para incidir negativamente en el orden público. Con una gestión y actuación de esta índole, se reducirá de forma estructural y permanente el crimen en todas sus manifestaciones.
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* El autor es Consultor Gerencial y Académico. Administrador de Empresas y Especialista en Gerencia Social.
Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Director del Postgrado de Gobierno Público de la Universidad de Medellín; Director Administrativo y Financiero, y Director Académico de Uniminuto–Antioquia; Director de Planeación, y Vicerrector Académico de la Fundación Universitaria María Cano; Decano de la Facultad de Administración de la Corporación Universitaria Remington; Asesor de Presidencia y Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de Colombia; Asesor de las Gerencias del ISS – Antioquia y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Profesor Universitario durante más de 20 años; y Consultor Gerencial de Pymes durante 25 años.
Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Alternativa Regional punto com.
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